"La tierra es de quien la trabaja"
Al día de hoy existe una inminente preocupación por el desalojo forzoso a los habitantes de San Antonio Ebula, por parte de las autoridades, las cuales alegan que este territorio al ser estatal debe ser desalojado pero pensemos ¿Es esta la manera? Destruyendo cosechas, matando animales, golpeando gente. Acaso no es esta una manera de coartar muchos de los derechos humanos.
Sin embargo, El reconocimiento de los derechos indígenas en los ordenamientos internos de nuestros países ha sido lento, en algunos países se observa un elevado grado de violación y/o incumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. Ante ésta si acción, es un imperativo para los integrantes de los pueblos indígenas del continente establecer una política y una estrategia.
Viajemos hasta San Antonio Ebula y conozcamos la situación actual.
-Mi Derecho a Tener Derecho
DETENER LA VIOLENCIA CONTRA UNA COMUNIDAD DESALOJADA EN CAMPECHE
El 13 de agosto, los habitantes de San Antonio Ebulá, localidad situada a las afueras de la capital del estado de Campeche, fueron víctimas de desalojo forzoso, y algunos de ellos golpeados, por guardas de seguridad privados ayudados por la policía. El pueblo fue arrasado, pero sus habitantes están planeando regresar pacíficamente. Es posible que la policía y los guardias de seguridad privados utilicen la violencia para impedir su regreso.
El 13 de agosto, aproximadamente un centenar de guardias de seguridad, contratados por un urbanizador privado, desalojaron por la fuerza a los habitantes del pueblo de San Antonio Ebulá. La operación fue observada por un centenar de policías estatales que rodeaban la zona. Testigos presenciales y observadores de derechos humanos han declarado que los guardias de seguridad golpearon a varios habitantes, dos de los cuales fueron detenidos temporalmente por la policía y posteriormente quedaron en libertad sin cargos. Más de sesenta casas fueron destruidas, se cortaron todos los árboles y se destrozaron las cosechas y se dejó escapar o se robó a los animales.
El pueblo fue fundado en 1968, en unas tierras al parecer de propiedad estatal. Hasta hace poco las autoridades lo reconocían y proporcionaban a la comunidad financiación para el desarrollo. Sus habitantes, que durante décadas han tratado de legalizar su derecho a la tierra, figuran reconocidos como votantes en el registro electoral. El caso está ahora ante el Tribunal Federal Agrario, que aún no se ha pronunciado sobre la propiedad legal de la tierra. El conflicto por la tierra comenzó en 2002, cuando un urbanizador privado afirmó que le pertenecía. La situación empeoró cuando, en marzo de 2007 y el 26 de mayo de 2009, el urbanizador empleó a guardias de seguridad privados y a la policía estatal para desalojar a los habitantes del pueblo. En mayo de 2009, seis miembros de la comunidad fueron detenidos y luego quedaron en libertad. Tres de ellos están en libertad condicional, pendientes de juicio por graves cargos comunes, que la comunidad considera inventados para disuadirlos de resistirse al desalojo.
Ni el gobierno ni el urbanizador han ofrecido a la comunidad indemnizaciones ni una vivienda alternativa que evite el desalojo forzoso de sus miembros si su reclamación sobre las tierras no prospera. Las tres operaciones de desalojo han violado las normas internacionales de derechos humanos y han dejado sin hogar ni medios de vida a los miembros de la comunidad, incluidos mujeres y niños. Ahora la comunidad ha anunciado que el 8 de septiembre piensa regresar al lugar donde estaban sus casas y seguir su batalla legal. Se teme que esta operación de regreso sea recibida con violencia por la policía y los guardias de seguridad.
Fuente: http://amnistia.org.mx/contenido/2009/09/07/detener-la-violencia-contra-una-comunidad-desalojada-en-campeche/
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